Las operadoras de fibra rural beneficiarias de las subvenciones correspondientes al programa UNICO Banda Ancha rural están encontrándose cada vez con más dificultades. Como parte del acuerdo firmado al recibir la subvención por parte del Gobierno, ahora tienen que justificar el trabajo que han realizado. Y las revisiones se están haciendo comprobando cada unidad inmobiliaria al detalle.
El programa UNICO Banda Ancha ha ayudado a que España pueda extender la presencia de conexión de fibra óptica a través de multitud de lugares donde, hasta ahora, este tipo de opción no estaba disponible. España quería estar a la cabeza del despliegue de fibra óptica en Europa y esto ha requerido que todos los actores implicados realizaran un trabajo perfecto. Debido a ello, tal y como leemos en Merca2, las comprobaciones por parte del programa UNICO (Universalización de Infraestructuras Digitales para la Cohesión) se están reforzando cada vez más.
Justificar el despliegue o devolver la subvención
Aunque no se ha mencionado públicamente ningún nombre concreto, fuentes del sector que tienen participación en el programa UNICO, se han manifestado con contundencia. Dicen exactamente que las operadoras que no hayan usado los fondos recibidos para hacer las instalaciones de fibra óptica a las que se habrían comprometido, tendrán que “reintegrar al ministerio el dinero en proporción a las unidades inmobiliarias no instaladas”. Por lo tanto, el organismo está dejando clara su postura sobre cómo, los fondos recibidos, que se entregaron en el momento en el que salió la resolución de cada convocatoria, no se pueden utilizar, bajo ningún factor, para generar intereses, “engordar las cuentas bancarias” o para otros asuntos.
La buena noticia es que, por lo que trasciende, la mayoría de las operadoras beneficiarias de estos fondos estaría haciendo uso de ellos de una manera correcta. Todas ellas están procediendo no solo a la instalación de las conexiones de fibra óptica, sino que también están realizando las justificaciones pertinentes que están pactadas dentro del contrato del programa UNICO Banda Ancha.
Eso no impide que las operadoras rurales se estén encontrando con serios desafíos. Por un lado, desafíos técnicos al tener que instalar fibra óptica en regiones donde no resulta sencillo. Y, por otro lado, desafíos administrativos, dado que se comenta que conseguir las certificaciones pertinentes por parte del Gobierno no está siendo fácil. En la actualidad, se están revisando las unidades inmobiliarias que corresponden a instalaciones que se llevaron a cabo en el año 2022. La obligación que tienen las operadoras es de certificar que han realizado su parte del acuerdo en un periodo de dos años, por lo que los plazos están siendo ajustados.
¿Por qué estos problemas?
Mientras algunas operadoras argumentan que las certificaciones se han ido poniendo cada vez más duras y complejas con el paso del tiempo, fuentes internas al programa UNICO explican en Merca2 tal y como te dejamos enlazado en la fuente, que el motivo de ello es que, en el pasado reciente, encontraron casos de operadoras que “estaban optimizando las ayudas como financiación”.
Para proceder a la justificación, hoy día las operadoras tienen que enviar una serie de documentos para ser revisados, incluyendo “fotografías de las cajas de registro de la fibra o documentos catastrales”. Pero fuentes internas afirman que estarían abiertas a que, para que todo resultara más sencillo, se llevasen a cabo visitas presenciales por parte de inspectores ministeriales que pudieran avalar el trabajo realizado. El motivo de ello no es otro que los distintos problemas que se están encontrando las operadoras en algunas zonas denominadas como “muy rurales”, así como inconvenientes con los que se han encontrado en pedanías o aldeas. Una serie de dificultades que, por otro lado, resulta difícil explicar o justificar a la hora de obtener los certificados correspondientes para demostrar la instalación de fibra.
Por ejemplo, se hace mención a cómo hay operadoras que se han encontrado con la necesidad de instalar en caminos pavimentados, en zonas históricas o incluso en lugares donde las autoridades locales han prohibido que se lleve a cabo la instalación. Eso dificultad los procesos de certificación de unas instalaciones de fibra que, como indicábamos, no son sencillas.
El programa UNICO comenzó en el año 2021 y, a lo largo de los años, ha proporcionado subvenciones importantes a muchas operadoras:
- En 2021 se repartieron alrededor de 250 millones de euros (249.930.122,00 euros) entre Telefónica, Adamo y Avatel
- En 2022 la cantidad fue de casi 245 millones de euros (244.607.771,49 euros), teniendo como beneficiarias a las tres entidades de 2021, así como a Asteo, Redi y Vento Redem
- En 2023 la cifra se estipuló en 134 millones de euros (134.366.680,70 euros), repartida entre Telefónica, Adamo, Avatel, Redi, Vento y MásMóvil
- En 2024 solo se entregaron 18 millones y medio de euros (18.574.118,22 euros) que fueron destinados a Telefónica, Adamo, Avatel, Asteo, Vento y Orange
Estas cantidades proceden del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea, gracias al cual España se ha puesto a la cabeza del mercado europeo con un despliegue de fibra óptica que está por encima del 92% del territorio nacional. Y, aunque se trata de un programa que ha ayudado mucho tanto a la sociedad como a las operadoras, la situación actual deja ver que posiblemente tendrían que introducirse algunas novedades en los procesos de certificación. Eso ayudaría a que las operadoras, que en muchos casos no van a obtener un beneficio especialmente notable de estas instalaciones, puedan simplificar el trabajo y la justificación de su despliegue.
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