Hasta esta semana, el anteproyecto de la Ley General de Telecomunicaciones contemplaba que no sólo los operadores pagasen una tasa del uno por mil de sus ingresos en España, sino que también iba a incluir a gigantes online como WhatsApp, Google o Facebook. Sin embargo, el gobierno ha cambiado de opinión a última hora, además de introducir más cambios.
El Gobierno ha decidido no cobrar esta tasa de operadores a los gigantes online debido a que podría suponer una extralimitación regulatoria por parte de la administración, generando problemas jurídicos si eran finalmente tratadas igual que los operadores. Además, podían incurrir en más problemas teniendo en cuenta el motivo por el que querían cobrarles la tasa.
Adiós a las permanencias de más de 24 meses
La tasa quería incluir, además de a los operadores de comunicaciones tradicionales, a las empresas que tuvieran aplicaciones de mensajería. Entre ellas incluimos a WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger, Instagram Direct o Hangouts. El problema es que todas ellas son gratuitas, por lo que la ley no iba a poder exigirles el pago de impuestos porque no tienen ingresos directos con ellas. Por ello, sólo las empresas que estén incluidas en el registro de operadores de la CNMC tendrán que pagar el impuesto.
En la ley se detallan también nuevas medidas para incentivar las inversiones en redes de fibra óptica con el objetivo de alcanzar una cobertura del 100% de la población con fibra, o, al menos, con una tecnología alternativa al ADSL más rápida. Para ello, se facilitarán acuerdos de inversión conjunta entre operadores, así como compartición de infraestructuras pasivas como el cableado que va hasta las antenas.
También se impulsa la instalación de infraestructuras comunes en el interior de edificios, coordinación de obras civiles, y reducción de trámites administrativos para instalar antenas. Esto último será clave para el despliegue de 5G, que requerirá más antenas que nunca para operar debido a utilizar frecuencias más altas, y, por tanto, con menor alcance. Además, se establece un mínimo de 20 años para la concesión de licencias para el espectro del 5G, sin que haya máximo. La cifra podría llegar a ser de hasta 40 años dependiendo del caso, tal y como se ha dejado abierto en la última subasta de los 700 MHz.
Otro cambio importante afecta a los contratos con los operadores, donde se deberán incluir todas las condiciones finales resumidas antes de contratarlas, además de limitar la permanencia a un máximo de 24 meses.
Otros cambios de la ley: adiós a las cabinas
En la nueva Ley General de Telecomunicaciones, que tendrá que aprobarse en el Parlamento durante el primer semestre de 2022, incluye también la eliminación de la obligación de los operadores de financiar servicios públicos como las cabinas o las guías telefónicas de manera obligatoria. Por ello, a partir del año que viene, las cabinas que no sean rentables desaparecerán con casi total seguridad.
No obstante, la ley establece como servicios básicos el correo electrónico, herramientas de formación, banca online, noticias online, redes sociales o plataformas de mensajería instantánea. No obstante, de momento no se establece una velocidad mínima de acceso a Internet, aunque en el futuro sí la establecerán.
En el proyecto también se establece que los usuarios podrán conservar el saldo de prepago al cambiar de operador, además de poder mantener el número durante un mes posterior a la rescisión del contrato. En cuanto a las comunicaciones de emergencia, también se detalla el nuevo servicio de alertas en caso de emergencias o catástrofes inminentes que recibiremos en el móvil.
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